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Trabajadores de prensa se movilizaron contra la precarización laboral
Trabajadores de los medios de comunicación nucleados en el Sindicato de Prensa del Chaco se movilizaron ayer por la ciudad de Resistencia, en protesta contra la precarización laboral que sufre el sector y la falta de avances por parte del gobierno provincial en cuanto a la regularización de la situación. La marcha también fue en defensa de la Ley de Medios.
La movilización se inició en la sede sindical de José Hernández 212, desde donde avanzó hasta la Cámara de Diputados para interiorizar a los legisladores sobre la falta de cumplimiento de leyes votadas por ese poder, como por ejemplo la que establece que sólo pueden recibir pagos por publicidad oficial aquellos medios que tengan adecuadamente encuadrados y con sus salarios al día a los trabajadores.
Promesas incumplidas
La manifestación hizo luego escala frente al Superior Tribunal, para volver a reclamar que la justicia acelere todos los procesos que involucran reclamos laborales del sector y desembocó en Casa de Gobierno, para marcar las responsabilidades del Poder Ejecutivo en la persistencia del cuadro actual, pese a las promesas efectuadas oportunamente por la administración de Jorge Capitanich.
La movilización congregó a una gran cantidad de personas y tuvo el apoyo de otras organizaciones. Como paradigma de la falta de legalidad en el sector periodístico se citó el caso de Radio Chaco, donde hay un grave atraso salarial, con el agravante de que las remuneraciones se abonan con valores de años atrás.
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Nación y Ciudad, unidas por la publicidad oficial
El análisis fue elaborado por el docente de las universidades de Buenos Aires y Quilmes Martín Becerra para la organización Poder Ciudadano, y se aboca al reparto publicitario oficial en radio y televisión entre los meses de mayo y octubre de 2011, en coincidencia con la pasada campaña electoral.
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Calculan en $ 18.220 millones la deuda consolidada de la Provincia
El dato surge de un informe de Salvador Treber realizado a partir de la Ejecución Presupuestaria al 30 de junio. Estimó la deuda total en $ 22.504 millones. El Gobierno reconoce $ 11.315 millones. El legislador Fonseca dijo que De la Sota gastará $ 691 millones en publicidad hasta fin de año.
La deuda total de la Provincia de Córdoba habría trepado a $ 22.504,1 millones al 30 de junio pasado, sumando el pasivo consolidado y flotante, según un estudio del economista Salvador Treber realizado a partir de la Ejecución Presupuestaria del primer trimestre de 2012, recientemente enviada por el Poder Ejecutivo a la Legislatura provincial.
Según este análisis, Córdoba tiene una deuda consolidada de $ 18.220,1 millones, suma que incluye $ 6.124.5 millones de quince organismos descentralizados, como Epec, Agencias, Lotería de Córdoba, etc., y $ 780 millones con el Banco de Córdoba. En tanto, el pasivo “flotante” sería de $ 4.284.0 millones.
Según Treber, a los $ 3.255.7 millones que figuran en la Ejecución hay que adosarle otros $ 1.028.3 millones de gastos ejecutados todavía sin orden de pago. Para el economista, los $ 22.504,1 que debe Córdoba es “una cifra como para quitarle el sueño a cualquier gobernador y su respectivo ministro de Finanzas”.
“La Provincia de Córdoba es la más endeudada de todas respecto a su producto bruto geográfico. Dicho pasivo público equivale al total de un presupuesto anual y esto lo ratifica la Rendición, pero agravado”, señaló el ex director del Banco Central.
En tanto, el Gobierno que encabeza José Manuel de la Sota reconoce un pasivo de $ 11.315,6 millones, sin contar lo que deben los organismos descentralizados.
En la misma línea se inscribe el informe elaborado por el legislador del Frente Cívico, Ricardo Fonseca, quien estimó la deuda pública por todo concepto de unos $ 22.697 millones, con un pasivo flotante de $ 4.396 millones. Según el legislador, esa cifra “debiera tener la explicación de un gobernante serio, responsable y comprometido con la sociedad”.
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Condena la SIP ofensiva contra la prensa libre
La entidad continental aprobó el envío de una misión a la Argentina en diciembre. Exigió garantizar la tranquilidad institucional para la resolución de casos judiciales.
Con una condena a la “fuerte ofensiva” para “silenciar al periodismo independiente” en Argentina, Ecuador y Venezuela, y la decisión de enviar una misión internacional a Buenos Aires en coincidencia con el llamado “7D”, concluyó ayer aquí la 68ª Asamblea de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).
La cumbre continental advirtió que los propios presidentes de los tres países mencionados encabezan los ataques a la prensa libre y apelan a “leyes regulatorias, discriminación de la publicidad oficial e inmensos aparatos mediáticos estatales y privados para difamar y hacer campañas de desprestigio” contra periodistas y medios.
Señaló, asimismo, la SIP que la presidenta Cristina Fernández “sigue sin dar conferencias de prensa y abusa de la cadena nacional para anuncios que no son contemplados por la legislación, además de tergiversar estadísticas oficiales y mantener un costoso aparato de comunicación utilizado muchas veces para atacar a los críticos”.
“La amenaza a la prensa independiente –agrega– puede tener un capítulo oscuro en diciembre, cuando el Gobierno pretende avanzar sobre los medios audiovisuales del Grupo Clarín, desconociendo fallos judiciales y normas legales”.
Y continúa: “Esos medios son los pocos que hoy informan con independencia del relato oficial”.
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