Noticias sobre Publicidad Oficial

Detalles: Visto: 3810

Szpolski y Garfunkel, los que más reciben por pauta oficial

El grupo de medios que integran Sergio Szpolski y Matías Garfunkel fue el mayor beneficiado por la pauta anual de publicidad oficial.

GarfunkelSzpolski

Según datos de Poder Ciudadano, en total recibieron $ 69,6 millones en los primeros cinco meses de 2014. La partida es destinada para medios como Radio América, Tiempo Argentino, El Argentino, Miradas al Sur y CN23, entre otros.

El Gobierno nacional sigue -de esta manera- incrementando la pauta año a año, sin ningún tipo de control ni reglamentación. Entre enero y mayo de este año gastó $ 705 millones, un 63% más que en el mismo período del año anterior. Durante ese tiempo se habían gastado $ 431,5 millones.

Entre los principales canales de televisión más beneficiados se encuentra Canal 9 con $ 28,6 millones, seguido por Telefé $ 26,4 millones; América TV $24,8 millones; y Canal 13 quedó cuarto, con $ 10,7 millones.

En medios gráficos, Tiempo Argentino y el gratuito El Argentino -de Szpolski-Garfunkel- obtuvieron $ 45,1 millones; Página 12 recibió $ 17,8 millones; por encima de los del Grupo Clarín, con $ 16,2 millones (Clarín, Olé, La Razón y Muy); Popular $ 14,2 millones; La Nación $ 10,5 millones; Ambito Financiero $ 10,3 millones; Atlántida $ 6,9 millones; Perfil $ 5,7 millones; BAE $ 4,6 millones y El Cronista $ 3,4 millones.

Lo curioso es que en el gobierno no incluyó PAMI, ANSES ni YPF en la publicidad. Sólo ANSES gastó en 2013 la suma de $ 510 millones, que no figuran en las cifras de Jefatura de Gabinete. Además, tampoco incluyó ahí la publicidad que se emite en los partidos por televisión del Fútbol Para Todos.

Fuente: https://ar.finanzas.yahoo.com/noticias/szpolski-garfunkel-empresarios-dinero-reciben-124116190.html

Detalles: Visto: 3418

El Gobierno lo recibió con alivio y la entidad que promovió la acción con desilusión

A pesar de que la Cámara Electoral pidió "revisar y armonizar" la legislación sobre la publicidad oficial durante el período de campaña, el fallo fue considerado correcto por el Gobierno y cuestionado por "insuficiente" por la Asociación por los Derechos Civiles. La entidad promotora del amparo estimó positivo que los jueces hubieran reconocido que existen abusos con la publicidad oficial, pero lamentó que no hayan tomado "medidas concretas" para ponerles fin.

En el mismo sentido opinaron expertos en derecho electoral consultados por LA NACION, que coincidieron en que la Cámara hizo una interpretación posible pero "restrictiva" de la ley cuando sostuvo que el Gobierno no viola ninguna norma si la publicidad oficial no está "expresamente" dirigida a ganar votos.

Todos estuvieron de acuerdo, además, en que la exhortación que la Cámara hizo al Congreso no tiene ningún efecto directo. Los camaristas le "requirieron" al Parlamento que extremara "los recaudos necesarios a fin de revisar y armonizar la legislación", pero los legisladores no están obligados a seguir esta invitación del tribunal.

El director nacional electoral, Alejandro Tullio, dijo: "El fallo confirma lo que venimos afirmando: la ley no puede interpretarse en forma extensiva sino restringida, porque así lo impone el principio de legalidad, fruto de siglos de lucha por la libertad". Según él, "pretender llevar las prohibiciones más allá de la letra de la ley es incompatible con el Estado liberal y democrático de derecho".

En cuanto a la exhortación al Congreso, afirmó: "Varias veces la Cámara ha instado a los poderes políticos a actuar, pero debe tomarse como una opinión del tribunal, sin imperium. El Congreso puede legislar o no sin que sea una omisión".

Eleonora Rabinovich, directora del área de Libertad de Expresión de la Asociación por los Derechos Civiles, dijo a LA NACION que su balance es "mixto".

"La Cámara reconoce que existe un problema: una regulación insuficiente en materia de publicidad oficial en campaña, y que eso genera abusos y desigualdad en la competencia electoral -afirmó-. Es positivo que exhorte al Congreso a revisar la legislación a la brevedad, pero su exhortación es blanda."

Rabinovich afirmó que "frente a un estado de cosas que es inconstitucional, la Cámara podría haber sido más precisa y más dura, y haber tomado medidas concretas para resolver esta situación".

La constitucionalista Delia Ferreyra Rubio coincidió. "Celebro que la Cámara diga que hay que corregir los abusos, pero la interpretación que hace de la ley es muy restrictiva: dice que lo único que estaría prohibido es la promoción «expresa» del voto a un candidato. Es una interpretación posible, pero también hay otra, que hace hincapié no en la letra sino en el espíritu de la ley", dijo. Y concluyó: "En cuanto a efectos concretos para hacer cesar los abusos, el fallo no tiene ninguno".

"Es lo que se denomina una sentencia exhortativa", dijo Daniel Sabsay, también constitucionalista. "La Cámara considera que hay una laguna y le dice al Congreso que legisle. Pero no es imperativo, es un fallo exhortativo, que consiste, en realidad, en poner al descubierto ante la opinión pública que el Congreso no se ha ocupado de esto."

Álvaro Herrero era el director ejecutivo y apoderado de ADC cuando se presentó el amparo resuelto ayer por la Cámara. Su pretensión era que se prohibiera el uso de la publicidad oficial durante la campaña. Ayer, no ocultó su malestar con el fallo. "Hacen una interpretación restrictiva y conservadora sobre cuál es el rol del Poder Judicial. Dicen que como la publicidad no tiene como fin «expreso» captar el voto, no se puede impedir", afirmó. Según él, la Cámara encontró una salida para "eludir la cuestión de fondo"..

http://www.lanacion.com.ar/1608247-el-gobierno-lo-recibio-con-alivio-y-la-entidad-que-promovio-la-accion-con-desilusion

Detalles: Visto: 2450

A pocos días de las elecciones primarias, el gobierno ha desplegado una serie de acciones utilizando recursos públicos con fines proselitistas. La propia Presidenta de la Nación ha hecho uso de la cadena nacional de radio y televisión para inaugurar obras siempre acompañada por el precandidato oficialista en la Provincia de Buenos Aires, Martín Insaurralde; e intentando confundir las acciones de gobierno con los actos electoralistas.

Detalles: Visto: 2239

Entidades hicieron observaciones al proyecto del FpV sobre control de la publicidad oficial

Poder Ciudadano y la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), dos ONG´s especializadas en transparencia y acceso a la información, hicieron una serie de aportes técnicos al proyecto de regulación de la Publicidad Oficial que el bloque del FpV podría tratar en el recinto en los próximos días.
Como se explicó en la edición anterior, una serie de artículos que publicó este diario revelando los manejos irregulares de fondos municipales para publicidad derivaron en la renuncia del subsecretario de Comunicación Enzo Peralta. Al mismo tiempo el bloque del FpV presentó un proyecto que apunta a regular el otorgamiento de pautas a los medios para evitar la discrecionalidad por parte del funcionario de turno.
A grandes rasgos, el proyecto oficial crea un Registro en el que podrán inscribirse todos los medios y productoras que deseen recibir pautas del Estado municipal.
En segundo término se prevé la creación de una Comisión de Seguimiento integrada por oficialismo y oposición, la que tendrá la función de revisar semestralmente el gasto de fondos en ese rubro.
El texto también fija algunos criterios de asignación basados en alcance, cobertura geográfica, contenido local, brindando especial atención a contenidos de índole cultural.
En un apartado establece taxativamente que para medios de categorías similares se tolerará una variación de precios de hasta un 30 %.
OBSERVACIONES
Ante una consulta de El Ciudadano, la ADC y Poder Ciudadano revisaron el texto y brindaron algunos aportes que lo enriquecen. Ambas entidades ya habían tenido contacto con el Concejo Deliberante local entre 1999 y 2000, cuando se sancionó la ordenanza de Libre Acceso a la Información.
“En general el proyecto del FpV es muy positivo. La experiencia de ADC es que casi cualquier regulación es mejor a la absoluta discrecionalidad que existe hoy en día en casi todas las jurisdicciones del país. Implementar adecuadamente este tipo de reglamentos es complejo y en general se encuentran muchos obstáculos para hacerlos efectivos. Sin embargo, la existencia de este tipo de regulaciones es un primer paso necesario” sostuvo Ramiro Alvarez Ugarte, director del Departamento de Acceso a la Información de la ADC.
Acto seguido, apuntó dos elementos que deberían optimizarse. Por un lado, respecto a los requisitos que deben cumplir los medios para recibir publicidad oficial, dijo que “sería conveniente que el proyecto dé cuenta de los medios audiovisuales (especialmente radios) que no tienen autorización para funcionar y todavía no fueron regularizados de acuerdo a las Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Ellos pueden tener permisos precarios provisorios (PPP) y deberían estar incluidos en la posibilidad de recibir pauta estatal. No es su culpa que no hayan accedido a las licencias, máxime cuando el plan de regulación a nivel nacional no avanza”.
En segundo término señaló como “debilidad” del proyecto la ausencia de un mecanismo previsible para la medición de audiencia a fin de garantizar una asignación equitativa. “La alternativa es que el gobierno Municipal realice un estudio de audiencias —como haría un actor privado— de los medios locales. Se puede hacer, pero es costoso. Que quede a la ´percepción y conocimiento previo´ del funcionario es muy complicado, porque habilita un espacio de discrecionalidad que justamente se quiere evitar a través de la ordenanza”.
Desde Poder Ciudadano, María Rosario Pavese consideró positivo el proyecto e incluso advirtió que presenta “avances” respecto al proyecto de 2010 impulsado por el GEN, aunque puso el acento en una serie de “insuficiencias”.
En esa línea, brindó una serie de recomendaciones que podrían ser incorporadas a la futura normativa:
-Señalar de manera explícita qué se entiende por ‘publicidad oficial’.
-Profundizar los alcances de las funciones y responsabilidades de los organismos responsables de la ejecución de las pautas publicitarias. En este sentido, sería positiva la presentación de un Plan Semestral o Anual de planificación de la publicidad oficial, donde se incluya una descripción de las campañas publicitarias que serán desarrolladas, como también de los mecanismos tendientes a asegurar la libre difusión y acceso a la información institucional, y ser de libre acceso para la ciudadanía.
-Prohibir la emisión o publicación de publicidad oficial que exhiba imágenes, voces, firmas, nombres o cualquier mensaje publicitario en el que aparezcan, sean nombrados o referidos, directa o indirectamente, funcionarios del gobierno o candidatos (o precandidatos) electorales, o utilice tipografía, símbolos, logos o estilo que induzcan a confusión con partidos políticos o agrupaciones políticas o permitan la identificación con la imagen comunicacional de los mismos.
-Incluir limitaciones claras a la contratación y difusión de publicidad oficial en períodos electorales. Es decir, prohibir su emisión, con excepciones específicas de acuerdo a la urgencia y necesidad del mensaje a ser comunicado. SI bien el proyecto del FPV menciona este punto dentro de sus objetivos, no queda claro como será implementado ni si efectivamente existirá esta restricción.
-Contemplar en la norma la dimensión ética del contenido de los mensajes publicitarios. En este sentido, deberá prohibir todo mensaje que promueva la discriminación o exclusión social de las personas por cualquier motivo; que incite a la violencia; o que contenga información errónea.
-Fijar mecanismos que aseguren el acceso libre y gratuito a la información pública en materia de Publicidad Oficial, en aras de asegurar el control y monitoreo de la ciudadanía sobre los asuntos públicos. En este sentido, se recomienda publicar en la Página Web del Municipio la información correspondiente a las contrataciones realizadas, junto a todo anuncio o información relevante.
-Promover mecanismos que garanticen el acceso a la información a las personas sordas y no videntes, o con cualquier otra discapacidad.
-Establecer límites – ya sea en cifras porcentuales o en montos máximos – al presupuesto asignado a la publicidad oficial.